Las clínicas abortistas barcelonesas investigadas por prácticas ilegales realizaron abortos a adolescentes de 13 años, según admitió el ginecólogo peruano Carlos Morín en su declaración ante la juez instructora del caso, Elisabet Castelló. Además, Morín reconoció haber atendido últimamente en sus centros a “una gran población de menores”.

Morín también reconoció prácticas de abortos a embarazadas de siete meses y medio, 29 semanas, en sus clínicas “el último mes” previo a su comparecencia.

Sin embargo, en los informes sobre escuchas telefónicas de médicos colaboradores de Morín figuran casos de abortos a mujeres encintas de más de 30 semanas y hasta 33 semanas.

El 97% de los casos de interrupción del embarazo de las clínicas de Morín se practicaron por el supuesto de grave perjuicio físico o psíquico para la madre que la ley del aborto permite más allá de la semana 22 de la gestación. Otro 2% de los abortos de estos centros se acogían al supuesto de malformación del feto y un 1% a casos de violación, señaló Morín.

Métodos

Respecto al método utilizado para deshacerse de los fetos después de la intervención, la investigación revela que las clínicas no utilizaban los sistemas reglamentarios a los que obliga la ley para desprenderse de los restos humanos y fetos, sino que los tiraban en los contenedores de residuos sanitarios como si se tratara de material sanitario y biológico.

Para realizar los abortos, los ginecólogos de las clínicas investigadas, del grupo TCB-Ginemedex –todas ellas en la parte alta de Barcelona, utilizaban el método de la aspiración para los casos de menos de 12 semanas de embarazo, mientras que para los casos más avanzados utilizaban el método dilatación y morcelación.

Este último utiliza dilatadores de mayor diámetro hasta el número 20 y con unas pinzas se procede a la extracción del feto que en estos casos está vivo, relató el mismo Morín en su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 33.

En ella, también explicitó sólo a partir de las 20 semanas de gestación está prevista la punción de dioxina en el corazón del bebé para parar el corazón para evitar el sufrimiento fetal.

Fuente: 20minutos 

Según publica DiarioMedico, La Audiencia Provincial de Cádiz ha considerado que el médico no tiene por qué solicitar la intervención judicial cuando un paciente consciente y capaz se niega a un tratamiento. En esos casos, el médico debe solicitar al enfermo la firma del alta voluntaria, según la Ley de Autonomía.

Este artículo afirma que uno de los dilemas éticos clásico en la asistencia sanitaria es determinar qué debe hacer el médico si el paciente se niega a recibir una transfusión sanguínea vital para su tratamiento.

El hecho de que el enfermo esté o no consciente, sea o no menor de edad son condicionantes en la decisión médica que se adopte y, a veces, la consulta al órgano judicial es un recurso para quienes deben optar por un tratamiento forzoso o respetar la autonomía del enfermo.

El dilema ético que rodea a las transfusiones de sangre en los testigos de Jehová no plantea problemas cuando el enfermo está consciente y tiene capacidad de obrar.

Aunque en el artículo no aclare este último caso, entiendeo que si un paciente mayor de edad se niega a recibir un tratamiento, a pesar de los problemas que este hecho pudiera acarrearle, se debe respetar su decisión.

Una mujer de 24 años de edad se traga una cucharilla de 12 centímetros con la que se estaba mirando las amígdalas, por lo que es intervenida quirúrgicamente en Logroño para extraerla.

Durante la operación por laparotomía, se produce una erosión superficial del páncreas, que empieza a sangrar, y una vez extraída la cuchara es dada de alta.

Tres días más tarde, ingresa en el hospital Virgen de la Concha de Zamora, al presentar dolor abdominal y vómitos, donde se le detecta la rotura del conducto de Wirsung, y derrame pleural.

Por estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja obliga a Salud de la Rioja a indemnizarla con 180.000 € debido a que considera que “la lesión instrumental referida debe ser considerada como una práctica quirúrgica poco afortunada y las medidas posteriores fueron insuficientes para evitar los padecimientos referidos por la recurrente”.

Fuente: La Opinión de Zamora citado por 20minutos

OPINIÓN:

Resulta curioso ver como a esta paciente, que hasta cierto punto se ha autoprovocado la lesión, se le indemniza por los daños causados por el primer equipo quirúrgico. Independientemente de que lo ideal es que no se produzcan complicaciones, es uno de los riesgos que se tiene cuando se somete a una persona a una operación, y eso se supone que está recogido en el consentimiento informado, o al menos eso nos dicen en clase.

A diferencia de otro caso del que hemos tenido noticia hoy en que claramente ha habido negligencia, en este caso se entiende que el objetivo único de los cirujanos era extraerle la cuchara y accidentalmente se produjo un sangrado del páncreas y la rotura del conducto de Wirsung.

Por otro lado, y es lo que más me llama la atención del caso,  ¿la mujer puede ser tan sumamente tonta de tragarse una cuchara accidentalmente o es que lo hizo intencionadamente? Si lo hizo accidentalmente, y ateniéndonos al resultado del juicio en cuestión, podríamos considerar que como cualquier persona debería pagar económicamente sus errores, y por tanto, como su error fue tragarse la cuchara, debería pagar todos los gastos médicos que generó su error a un precio en consonancia.

Me pregunto qué pensáis los protomedicos del caso.
¿Pensáis que esta paciente, independientemente de que se hubiera tragado la cuchara, se merece una indemnización?
¿Se corresponde una indemnización de 180.000€ con el daño causado?
¿Se podría haber evitado la lesión o era un riesgo recogido en el consentimiento informado?