Sólo tres de cada cien abortos se practican en centros públicos de España, una atención que se restringe a malformaciones severas del feto y que en mayor número se efectúa en Valencia, Cantabria, País Vasco y Galicia, según se publica en el informe sobre el acceso al aborto en España elaborado y presentado hoy por el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) y la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI).

Lo más impactante del citado estudio es que en Navarra, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no existe ningún servicio público que efectúe abortos.

La coordinadora del GIE, Marta O’Kelly, ha denunciado además que la información sobre el acceso al aborto es ”denegada y escondida” a las mujeres que se encuentran desesperadas “sin que nadie les pueda informar, ya que no existe un protocolo común de actuación”.

En resumen, dependiendo del lugar de residencia de una persona, y lo más grave, de su capacidad económica, podrá o no acceder al aborto.

Si bien abortar es una opción que no es inocua para las mujeres, es importante que puedan acceder a él, tal y como se recoge en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo conocido como Objetivos del Milenio.

Aunque el derecho o no a abortar es un asunto muy polémico, lo que sí está claro es que el acceso a este se debe determinar de acuerdo a las mismas condiciones para todas las personas. Antes la gente tenía que irse de España al Reino Unido a abortar, y ahora ese turismo sanitario es menos importante, porque ya se puede abortar en España, pero en la realidad: si puedes pagarlo, puedes abortar; y si no, el aborto no es legal en tu caso.

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05/03/2008 Ginecólogos objetan del aborto en la sanidad pública pero lo realizan en la privada

Las clínicas abortistas barcelonesas investigadas por prácticas ilegales realizaron abortos a adolescentes de 13 años, según admitió el ginecólogo peruano Carlos Morín en su declaración ante la juez instructora del caso, Elisabet Castelló. Además, Morín reconoció haber atendido últimamente en sus centros a “una gran población de menores”.

Morín también reconoció prácticas de abortos a embarazadas de siete meses y medio, 29 semanas, en sus clínicas “el último mes” previo a su comparecencia.

Sin embargo, en los informes sobre escuchas telefónicas de médicos colaboradores de Morín figuran casos de abortos a mujeres encintas de más de 30 semanas y hasta 33 semanas.

El 97% de los casos de interrupción del embarazo de las clínicas de Morín se practicaron por el supuesto de grave perjuicio físico o psíquico para la madre que la ley del aborto permite más allá de la semana 22 de la gestación. Otro 2% de los abortos de estos centros se acogían al supuesto de malformación del feto y un 1% a casos de violación, señaló Morín.

Métodos

Respecto al método utilizado para deshacerse de los fetos después de la intervención, la investigación revela que las clínicas no utilizaban los sistemas reglamentarios a los que obliga la ley para desprenderse de los restos humanos y fetos, sino que los tiraban en los contenedores de residuos sanitarios como si se tratara de material sanitario y biológico.

Para realizar los abortos, los ginecólogos de las clínicas investigadas, del grupo TCB-Ginemedex –todas ellas en la parte alta de Barcelona, utilizaban el método de la aspiración para los casos de menos de 12 semanas de embarazo, mientras que para los casos más avanzados utilizaban el método dilatación y morcelación.

Este último utiliza dilatadores de mayor diámetro hasta el número 20 y con unas pinzas se procede a la extracción del feto que en estos casos está vivo, relató el mismo Morín en su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 33.

En ella, también explicitó sólo a partir de las 20 semanas de gestación está prevista la punción de dioxina en el corazón del bebé para parar el corazón para evitar el sufrimiento fetal.

Fuente: 20minutos 

 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, afirmó ayer, 3 de marzo, en Madrid, en  los ‘Desayunos Informativos de Europa Press’, que planea regular la objeción de conciencia, no para limitarla sino “Lo que no puede ser es ser objetor por la mañana y sí por la tarde“, en referencia al trabajo de un especialista en la Sanidad pública por la mañana y en la privada por la tarde.

Análisis

Resulta vergonzoso que haya médicos tan poco profesionales que argumenten que están en contra del aborto para denegarlo a mujeres que acuden a la Sanidad pública, para que aquellas que tengan dinero acudan a un centro privado, y el mismo médico u otro colega le practique el aborto, previo pago. A mi manera de ver, podríamos estar hablando de un delito de prevaricación, además de la corrupción que supone el interés económico que ha motivado sus decisiones.