Sólo tres de cada cien abortos se practican en centros públicos de España, una atención que se restringe a malformaciones severas del feto y que en mayor número se efectúa en Valencia, Cantabria, País Vasco y Galicia, según se publica en el informe sobre el acceso al aborto en España elaborado y presentado hoy por el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) y la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI).

Lo más impactante del citado estudio es que en Navarra, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no existe ningún servicio público que efectúe abortos.

La coordinadora del GIE, Marta O’Kelly, ha denunciado además que la información sobre el acceso al aborto es ”denegada y escondida” a las mujeres que se encuentran desesperadas “sin que nadie les pueda informar, ya que no existe un protocolo común de actuación”.

En resumen, dependiendo del lugar de residencia de una persona, y lo más grave, de su capacidad económica, podrá o no acceder al aborto.

Si bien abortar es una opción que no es inocua para las mujeres, es importante que puedan acceder a él, tal y como se recoge en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo conocido como Objetivos del Milenio.

Aunque el derecho o no a abortar es un asunto muy polémico, lo que sí está claro es que el acceso a este se debe determinar de acuerdo a las mismas condiciones para todas las personas. Antes la gente tenía que irse de España al Reino Unido a abortar, y ahora ese turismo sanitario es menos importante, porque ya se puede abortar en España, pero en la realidad: si puedes pagarlo, puedes abortar; y si no, el aborto no es legal en tu caso.

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