Obviamente mantener un hijo cuesta mucho más de 2.500€, pero a pesar de ello – y de que los medios y los políticos conservadores criticaban la medida porque nadie iba a tener un hijo por 2.500€, e incluso hubo quien dijo que era una forma de “comprar” hijos no deseados -, la norma ha estado vigente varios años, y se termina el próximo 31 de diciembre de 2010.

Ante ello, y a pesar de que en opinión de algunos nadie estaría interesado en dicha ayuda por insuficiente, según publica CincoDías, algunas madres estarían pidiendo a sus ginecólogos que les adelanten el parto si lo esperan para los primeros días de Enero de 2011.

Si bien esa ayuda debería ser bienvenida en caso de recibirla, parece una barbaridad pretender arriesgar el bienestar del bebé sólo por cobrarla.

Fuente: CincoDías (Adelánteme el parto, doctor).

La información que proporciona es información altamente favorable a la intervención de las pacientes, como cabe esperar, pero una vez superada dicha barrera resulta cómodo e interesante leer el artículo, aunque tiene varios errores gramaticales, todo sea dicho.

En primer lugar, explica que la mamoplastia es el término médico para designar este tipo de intervenciones quirúrgicas, para a continuación nombrar los diferentes pasos que se realizan en la intervención – que como bien resume sería algo así como la creación de una cavidad en la que alojar la prótesis -, así como que se usará anestesia general o local según criterio médico (las operaciones de cirugía estética también duelen).

Lo que nos ha parecido desafortunado es la utilización de las palabras “Recomendación médica” al tratarse de una operación de cirugía estética. ¿De verdad algún médico recomienda a una mujer que tenga los pechos más grandes? A pesar de estar de acuerdo con que cualquier persona que se pague dicha intervención se la pueda realizar, cualquier paciente debe plantearse e intentar asumir su propia idiosincrasia, con sus virtudes y defectos físicos, y así poder evitar una intervención quirúrgica.

Comprendo que a las mujeres operadas de un cáncer de mama mediante una mastectomía se les pueda invitar a realizarse una mamoplastia, en cuanto a que puede ayudarle a superar el trauma de la enfermedad, pero ni en este caso tiene por qué ser una práctica sistemática ni obligatoria.

Por último, en cuanto a los riesgos adversos, entiendo que las mujeres que lean el artículo no quieran amedrentarse ante los posibles efectos adversos, pero espero que antes de la intervención, en las entrevistas privadas, se les proporcione más información al respecto. Desde mi punto de vista, y según lo que nos dijeron los radiólogos en las prácticas de mamografía, la mamoplastia sí que dificulta la detección del cáncer de mama en las mamografías. Al menos en el artículo reconocen que se realizan más proyecciones para aumentar la sensibilidad de éstas. Por lo demás, nada que comentar.

En una declaración, la SEGO define el aborto como “la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso, que se alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo” (24 desde la última regla).

A partir de entonces, “es posible la viabilidad fetal”, cuanto más amplia sea la gestación, más posibilidades de sobrevivir tendrá el feto al nacer, según Bajo Arenas.

“Cualquiera -ha enfatizado- que haya visto una ecografía, que vea cómo se mueve un niño por encima de las 24 semanas… el sólo hecho de interrumpir ahí una gestación con una túrmix, con un destructor hasta hacerlo papilla literalmente para expulsarlo entra dentro de lo que nosotros no podemos apoyar“.

Tras ese plazo, debería llamarse destrucción o eliminación de un feto maduro o viable, pero no es un aborto desde las perspectiva médica, ha insistido.

Ha explicado que el concepto jurídico es mucho más amplio al incluir “la posible destrucción intrauterina del feto mucho más allá” del número de semanas citado y que la legislación se ha quedado “obsoleta”.

En relación con los casos legales de despenalización, ha indicado que existen “muy pocos supuestos y razones” para interrumpir el embarazo por grave riesgo para la salud física de la madre después de las 24 semanas.

“Cuando los haya, lo oportuno desde el punto de vista médico es la interrupción de la gestación (…) ¿por qué hay que destruir el niño dentro? Indúzcase el parto e inténtese salvarlo“, ha propuesto.

En cuanto a las malformaciones, ha indicado que son en torno al 1,5 por ciento de las gestaciones y al menos dos tercios se diagnostican antes de las 22 semanas.
En este sentido, la SEGO reclama mejorar las pruebas ecográficas de la semana 20 y tiempo suficiente en su realización para aumentar el nivel de detección.

Bajo Arenas ha rehusado opinar sobre una eventual ley de plazos porque no es una cuestión que competa a los ginecólogos, sino a los legisladores.

La SEGO rechaza que el aborto en el primer trimestre pueda ser considerado un procedimiento contraceptivo, pide esfuerzos para evitar los embarazos no deseados y reitera el derecho de objeción de conciencia para quienes se nieguen a practicar abortos.

Bajo se ha opuesto a que se publique una lista de objetores ya que si alguien conoce médicos que se niegan a realizar abortos en la sanidad pública pero no en la privada debe denunciarlos para que sean perseguidos.

Sólo tres de cada cien abortos se practican en centros públicos de España, una atención que se restringe a malformaciones severas del feto y que en mayor número se efectúa en Valencia, Cantabria, País Vasco y Galicia, según se publica en el informe sobre el acceso al aborto en España elaborado y presentado hoy por el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) y la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI).

Lo más impactante del citado estudio es que en Navarra, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no existe ningún servicio público que efectúe abortos.

La coordinadora del GIE, Marta O’Kelly, ha denunciado además que la información sobre el acceso al aborto es ”denegada y escondida” a las mujeres que se encuentran desesperadas “sin que nadie les pueda informar, ya que no existe un protocolo común de actuación”.

En resumen, dependiendo del lugar de residencia de una persona, y lo más grave, de su capacidad económica, podrá o no acceder al aborto.

Si bien abortar es una opción que no es inocua para las mujeres, es importante que puedan acceder a él, tal y como se recoge en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo conocido como Objetivos del Milenio.

Aunque el derecho o no a abortar es un asunto muy polémico, lo que sí está claro es que el acceso a este se debe determinar de acuerdo a las mismas condiciones para todas las personas. Antes la gente tenía que irse de España al Reino Unido a abortar, y ahora ese turismo sanitario es menos importante, porque ya se puede abortar en España, pero en la realidad: si puedes pagarlo, puedes abortar; y si no, el aborto no es legal en tu caso.

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05/03/2008 Ginecólogos objetan del aborto en la sanidad pública pero lo realizan en la privada

A raíz de la infórmación publicada en Protomedicos.com sobre el aborto, os presentamos la página web del Grupo de Interés Español en Población , Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE), fundado en 1996 entre organizaciones y personas de diversos sectores profesionales, desde el mundo académico hasta asociaciones médicas y ONG humanitarias y de desarrollo.

Los objetivos de la plataforma pasan fundamentalmente por:

Incrementar y mejorar la sensibilización y la información de la sociedad española sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) y su contribución al desarrollo humano.

Analizar y evaluar la respuesta española a los distintos instrumentos internacionales en el ámbito de la SDSR y el Desarrollo.

Impulsar un diálogo con los principales actores institucionales, políticos y sociales relacionados con la cooperación al desarrollo, con vistas a alcanzar acuerdos que permitan un incremento de la ayuda española a población y salud reproductiva en cantidad y calidad.

Fomentar la presencia en los medios de comunicación de información cualificada y permanente sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Promover la incorporación de la perspectiva de género, especialmente de los componentes relacionados con la salud sexual y reproductiva en los programas de cooperación y en los instrumentos de evaluación correspondientes.

Fomentar la investigación y el desarrollo de instrumentos educativos relacionados con este ámbito de acción.

Difundir la experiencia internacional y las buenas prácticas en este ámbito.

Podéis hallar más información sobre las actividades del GIE en su página web.