Los jueces podrían obligar a los enfermos psicóticos a tomar la medicación en su casa

La Audiencia Provincial de Alicante está elaborando un protocolo para que los jueces puedan obligar a los enfermos de esquizofrenia, trastornos psicóticos y bipolares que viven con sus familias a tomar su medicación, según confirmaron fuentes judiciales. La propuesta consiste en que, a petición de la familia, el juez pueda acordar que efectivos sanitarios se desplacen a casa del enfermo para suministrarle la medicación que precisan. Es lo que se llama tratamiento ambulatorio no voluntario. La Audiencia baraja que sean profesionales del SAMU los que se encarguen de impartir los tratamientos, aunque estos pormenores se concretarán en el documento final. De todas maneras, será necesario un acuerdo con la Conselleria de Sanidad para poder llevarlo a la práctica.

Hasta ahora, la única vía que tenían estas familias era el pedir el ingreso del enfermo en un centro. Sin embargo, los juzgados tan sólo pueden resolver el internamiento en un hospital del que los enfermos salen a los tres días, una vez que pasa el brote al medicarse al paciente. Hay familias que han llegado a solicitar en la Fiscalía una orden de alejamiento del propio enfermo por temor a que éste les agreda. Aunque otros familiares de enfermos mentales señalaron que “muchas veces la solución no es tanto una orden de alejamiento como que estas personas reciban el tratamiento adecuado”.

Desde la Audiencia Provincial han comenzado los trabajos conjuntos con el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía y psiquiatras para concretar la tramitación de estos procedimientos. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, explicó a este diario que se trata de “un problema que no es hospitalario, sino de medicación. Estas personas podrían recibir el tratamiento en su domicilio y liberar camas en los hospitales públicos”.

“El principal problema que se plantea es que se trata de personas agresivas que se niegan a admitir que tienen un problema y tienen atemorizados a sus propias familias”, explicó el director de la Clínica Mediterránea de Neurociencias, Pedro Antón. Los expertos alertan a que la tendencia es que los casos de personas que padecen estas patologías aumenten. El reciente caso de Santomera, en el que un joven esquizofrénico decapitó a su madre y se paseó con la cabeza por todo el pueblo, puso de relieve la problemática de estas familias, ya que surgieron otros casos en provincias de toda España de madres alertando que se encontraban en una situación similar. En Alicante, el caso se dio en Altea donde una madre pidió el internamiento de su hijo enfermo de esquizofrenia en un centro especializado, después de que éste hubiera tratado de agredirla con un cuchillo.

Antón explicó que se trata de pacientes difíciles de controlar, porque no siguen el tratamiento, ya que muchas veces a causa de su trastorno perciben la realidad de una manera distinta. “Pueden llegar a ser violentos y hacer daño a otras personas. Antes de que ocurran situaciones desagradables para la familia es preferible adoptar medidas legales que apoyen a éstos para llevar al enfermo a la consulta”, explicó.

El Gobierno tenía en cartera una nueva ley para regular los tratamientos no voluntarios de personas con trastornos psíquicos, pero aún no se ha aprobado nada. Guipúzcoa fue la primera provincia de España en poner en marcha una iniciativa de este tipo y ahora Alicante intentará poner en marcha su propio programa experimental a la espera de que llegue la reforma. El documento se entregará a todos los jueces de Primera Instancia para que tengan un criterio de actuación cuando se reciban estas peticiones.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Alicante realiza entre 700 y 800 reconocimientos al año en la provincia de Alicante para decidir si procede el internamiento del enfermo en un centro, según el director de este organismo, Rafael Bañón. Según Bañón, no todos estos son susceptibles de la aplicación del nuevo protocolo que se va a elaborar ahora.

La provincia de Alicante es una de las pocas que cuenta con un protocolo para hospitalizar a los enfermos mentales. Este documento, elaborado por el fiscal Carlos Ferreirós, coordina a la Conselleria de Sanidad, las Fuerzas de Seguridad del Estado y a jueces y fiscales y el Síndic de Greuges para que intervengan en el internamiento del enfermo cuando tenga una crisis.

Una petición que se ha venido barajando entre los magistrados alicantinos es el de crear una juzgado especializado en internamientos e incapacidades, y que centralice todas las visitas a estos pacientes. El protocolo que ya existe choca con el problema de la falta de centros especializados que garanticen la atención a estos enfermos. La oferta existente no garantiza la plaza ni siquiera para enfermos que no son conflictivos. Una persona con una enfermedad mental puede permanecer en su domicilio bajo tratamiento, aunque pueden tener crisis o brotes psicóticos que obliguen a trasladarle a un hospital. Una vez que recibe el alta, no hay personal médico que controle si la persona sigue o no el tratamiento.

El director de la Clínica Mediterránea de Neurociencias, Pedro Antón, explicó que el consumo de drogas está causando un aumento de los trastornos psiquiátricos. “El uno por ciento de la población sufre problemas de esquizofrenia y un dos por ciento tiene trastornos bipolares”, explicó Antón.

FUENTE: JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ( INFORMACION.es )